Análisis sobre la
calidad democrática
en España

2020

¿Qué consideramos calidad democrática?

Definir la calidad democrática resulta una tarea compleja, tanto que aún no hay consenso acerca de su contenido, sus dimensiones o cómo puede medirse. En este caso, se utiliza el término de “calidad democrática” para referirnos al grado de democratización o de desempeño respecto a categorías fundamentales para un régimen democrático. Este último enfoque es el que caracteriza a algunos de los estándares internacionales que miden la calidad democrática y las libertades cívicas, como en el caso del de Freedom House, el de The Economist o el del Instituto de Democracia y Asistencia Electoral (IDEA). En estos estándares, la calidad democrática se aborda como una cualidad gradual y multidimensional que puede estar presente en diferentes grados, desde democracias consolidadas, hasta en regímenes más híbridos o autocráticos.

En el caso de esta investigación, vamos a utilizar índices que miden el grado de democratización y el nivel de desempeño democrático de los países basándonos en una aproximación multidimensional, abordando la democracia como un proceso continuo y evolutiva[1].

En relación con el nuevo ecosistema digital, el acceso a Internet ha supuesto una transformación en la forma en la que nos comunicamos, aprendemos, consumimos o nos movilizamos y, por supuesto, ha tenido un impacto también en la naturaleza de la democracias. Es evidente que el nuevo ecosistema digital es un espacio que revoluciona e influye directamente en el ejercicio de las libertades cívicas o en la participación, entre otros aspectos. Las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, el 5G o los avances en técnicas biométricas, suponen un cambio de paradigma respecto al futuro de la privacidad, la libertad de expresión y los sistemas democráticos[2].

Calidad democrática en la actualidad

Situación actual en el mundo

En términos cuantitativos el mundo es hoy más democrático que nunca. Actualmente existen en el mundo 97 democracias, número que ha ido en aumento durante los últimos 40 años[3]. Pero, a pesar de los avances cuantitativos, hay una profunda erosión en el funcionamiento y calidad de las democracias en todo el mundo. Según los índices de Freedom House, del informe de IDEA y del Democratic Index del The Economist Intelligence Unit (EIU), el contexto global respecto al estado de la democracia en los últimos años viene marcado por el desencanto de la ciudadanía y por el retroceso en libertades civiles. Teniendo en cuenta los resultados del informe de del Democracy Index de The Economist, 2018 es un año en el que los niveles de democracia se han mantenido estables a nivel global tras 3 años de deterioro continuo[4].

Algunos autores señalan que nos encontramos ante la “tercera ola de autoritarismo”[5, 6] De hecho, según el Democratic Index de The Economist, la mayoría de las democracias son defectuosas, concretamente un 32,9% de los países del mundo frente al 12% de las democracias plenas[7]. En este sentido, el número de democracias débiles sigue aumentando y el desempeño democrático es cada vez más bajo. De hecho, las regiones con democracias más antiguas como América del Norte y Europa son al mismo tiempo las regiones que más erosión democrática han sufrido en los últimos 5 años[8].

Dada la situación actual de falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas y de alta polarización de los discursos políticos, existe el riesgo de que la debilitación de las democracias continúe y de que se produzca un retroceso en países con las democracias más consolidadas.

Situación actual en España

En un contexto global de crisis democrática, España se mantiene, por el momento y a grandes rasgos, como una democracia resiliente a las amenazas externas. Según el Democratic Index, elaborado por The Economist Intelligence Unit (EIU), España se sitúa en el grupo que encabeza los índices de calidad democrática concretamente en la 19ª posición dentro del grupo de “democracias plenas”. En otros índices de referencia, como el que elabora Freedom House, obtiene una puntuación de 92 sobre 100 [9].

A pesar de situarse en niveles altos de calidad democrática, en España existe una brecha evidente y generalizada de los gobiernos en su relación con la ciudadanía. Esta brecha se produce debido a varios factores como la ruptura del contrato social, la digitalización de la sociedad, la caída en descrédito de los sistemas económicos liberales y la crisis de las democracias. Algunos ejemplos de esta brecha en España son las movilizaciones del movimiento feminista o el movimiento 15M. En España los resultados del CIS han ido mostrando evidencias de este claro desencanto de la ciudadanía española hacia sus representantes políticos[10].

Según la clasificación de Civicus, el espacio cívico en España se califica como estrecho. Esta calificación se debe fundamentalmente a que la libertad de asociación pacífica y la libertad de expresión no están garantizadas actualmente en España[11].

Respecto a la lucha contra la corrupción, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2019 de Transparencia Internacional, la corrupción ha mejorado en España 4 puntos respecto al año anterior[12]. A pesar de que no se trate de un aumento significativo, podemos afirmar que son indicadores positivos sobre el estado de la corrupción en nuestro país.

Importancia de estas temáticas en los programas electorales

En su relación con los partidos políticos, la ciudadanía exige una participación que va más allá del voto periódico característico de las democracias representativas. Los procesos electorales son un momento de interacción entre la ciudadanía y los partidos políticos en el que se establece un debate público en torno al diagnóstico de los principales retos a enfrentar. A pesar de que los programas electorales no tienen validez jurídica, son un elemento clave para entender qué diagnóstico hace cada partido sobre los principales retos a enfrentar y cuál es su voluntad política para avanzar en dichas cuestiones.

Es por ello que, en el marco de esta investigación, resulta fundamental hacer un análisis de las propuestas de los partidos políticos con el objetivo de conocer su posicionamiento en torno a temas concretos y relevantes relacionados con la calidad democrática y el nuevo ecosistema digital. Para ello, hemos analizado 76 programas electorales con los que partidos políticos de ámbito estatal concurrieron a los comicios europeos, generales y autonómicos celebrados en España durante 2019. A continuación, se presentan las principales conclusiones del análisis de los programas para las elecciones europeas y generales. En el caso de los programas autonómicos, su análisis se ha incorporado en una tercera sección en la que se presenta una comparativa del nivel de coherencia interna de los partidos en cuanto al contenido de sus programas europeos, estatales y autonómicos.

Elecciones europeas

Las pasadas elecciones europeas se celebraron en un momento trascendental para Europa. El aumento de la desigualdad, la gestión de los flujos migratorios, la amenaza de la salida de Reino Unido de la Unión Europa y el surgimiento de movimientos nacionalistas-populistas y euroescépticos suponen un gran desafío para la Unión Europea y todos ellos estuvieron en el debate público y político previo a las elecciones.

A partir de la revisión de nueve programas electorales para las elecciones europeas, se extraen las siguientes conclusiones:

A pesar de la relevancia del ámbito comunitario para las temáticas analizadas, destaca la generalizada escasez de propuestas electorales en los programas europeos sobre temas relacionados con la calidad democrática. Concretamente, comprenden tan sólo el 7% (93 propuestas) del total de las propuestas de los programas electorales de Ciudadanos, Partido Popular, PSOE, Unidas Podemos, Ahora Repúblicas, CEUS, Junts per Cat y Vox.

Del análisis podemos extraer que los partidos progresistas, como Unidas Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), presentan una mayor preocupación y voluntad de mejora respecto a la calidad democrática en sus programas a nivel europeo. Concretamente, estos dos partidos presentan los programas electorales con mayor ambición en este ámbito, frente a partidos como Vox, Junts Per Cataluña, el Partido Popular o el PSOE. Dentro de sus propuestas, ambos partidos apuestan por la prohibición a nivel europeo de las devoluciones en caliente de personas migrantes, la apuesta por garantizar la libertad de expresión, por reforzar los mecanismos de transparencia, fundamentalmente fiscal, y por aumentar la participación ciudadana a través de nuevos espacios y mecanismos.

En relación al refuerzo de los mecanismos de participación, Unidas Podemos es el único partido que menciona el voto rogado como un obstáculo contra el que luchar para avanzar en los mecanismos de participación y rendición de cuentas a nivel europeo. Por su parte, ERC propone ampliar el derecho al voto de personas extranjeras y disminuir la edad de derecho al voto a los 16 años. Tanto ERC como Unidas Podemos destacan por su apuesta por el refuerzo de la participación de la sociedad civil a través de la mejora de mecanismos como los referéndum, las consultas ciudadanas vinculantes para decisiones clave del Parlamento Europeo o el refuerzo de los mecanismos de rendición de cuentas.

En general, todos los partidos han adaptado sus diagnósticos teniendo en cuenta el nuevo ecosistema digital, incluyendo varias propuestas en materia de derechos digitales, inteligencia artificial o los retos que representa la protección de los datos y la privacidad en este ecosistema.

Hay una tendencia clara de partidos de corte conservador, como PNV, Partido Popular o Junts Per Cataluña, a enfocar las cuestiones relacionadas con el nuevo ecosistema digital bajo un enfoque securitario y economicista relegando la ampliación de derechos de la ciudadanía, como la libertad de expresión, a un segundo plano. Así, en sus programas, casi el 50% de las propuestas vinculadas con la democracia y los nuevos entornos digitales están relacionadas con la ciberseguridad y la ciberdefensa o con las oportunidades económicas que el nuevo ecosistema digital ofrece.

Dada la importancia que cuestiones como la transparencia o la rendición de cuentas tienen para el fortalecimiento de las instituciones europeas, destaca la ausencia de estas temáticas entre las propuestas de los partidos salvo en cuestiones relacionadas con la transparencia fiscal y presupuestaria, en las que sí existe cierto consenso por parte de partidos como Ciudadanos, ERC Junts per Cat o Unidas Podemos. Del mismo modo, teniendo en cuenta la amenaza que supone la desinformación para la calidad democrática, llama la atención que no haya una apuesta común para el establecimiento de una estrategia europa de lucha contra la desinformación más allá de partidos como Ciudadanos y ERC. También destaca la escasez de propuestas en materia de lucha contra la corrupción, conflicto de intereses, puertas giratorias o de registro de los grupos de interés, siendo Ciudadanos el único partido que propone regular en este sentido en todas las instituciones europeas.

Respecto a corrupción, ERC es el único partido que aboga por interponer una legislación en materia de la protección de alertadores.

Dada la relevancia que las nuevas tecnologías y su efecto sobre la ciudadanía han adquirido en las propuestas electorales a nivel europeo, parece que es posible que la legislación sobre la transparencia en el funcionamiento de los algoritmos y de la utilización de la información y los datos personales por parte de las empresas tecnológicas vaya a ser temas relevantes en esta legislatura en el Parlamento Europeo. Del mismo modo, la diversidad de propuestas relacionadas con la libertad de expresión y con las políticas migratorias (especialmente en lo relacionado con las devoluciones en caliente) anticipan una legislatura tensa en torno a estas temáticas.

Elecciones generales

En los programas electorales elaborados para las elecciones generales de 2019 encontramos una tendencia a unos compromisos electorales ambiciosos en cuanto al fortalecimiento de la calidad de nuestra democracia. Sin embargo, cuantitativamente las propuestas en materia de calidad democrática y derechos digitales sólo suponen un 5% (231 propuestas) del total de las propuestas electorales.

En general, hay bastante consenso en las propuestas en cuestiones fundamentales relativas a la transparencia aunque con diferente grado de ambición. La cuestión que más apoyos recibe, en aras de fortalecer la calidad democrática, es la referida a la independencia del Poder Judicial respecto del Ejecutivo y a la mejora de los procedimientos de elección de los jueces y fiscales. Además, la coincidencia en las propuestas de los partidos políticos nos hace pensar que se impulsarán una reforma de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y que se aprobará la transposición de la normativa europea en materia de alertadores, aunque las propuestas que se han hecho hasta ahora por parte de los distintos partidos políticos aportan enfoques distintos sobre cómo debe ser la legislación española en esta materia.

Otro de los temas que apunta a ser priorizado, por el consenso que ha recibido, es la regulación y registro de los grupos de interés (o lobbies), aunque algunas propuestas son más ambiciosas que otras y unas incluyen la publicación de las agendas de los cargos institucionales y otras no.

Además de los grandes acuerdos sobre transparencia, hay un consenso generalizado sobre la necesidad de reformar la ley electoral en torno a temas como la derogación del voto rogado.

La lucha contra la corrupción sigue siendo otro de los temas que protagoniza las propuestas. Entre las más ambiciosas está la relacionada con la reforma de la Ley Orgánica de partidos políticos de Ciudadanos o el Plan de Regeneración Democrática, por parte del PSOE, que implica una ley de lucha contra la corrupción y una ley de protección de alertadores.

Entre las propuestas relativas a la participación electoral, ERC y Unidas Podemos se comprometen con el aumento del sufragio a partir de los 16 años, mientras que el PSOE sólo se compromete a someterlo a debate. Destaca la propuesta de los partidos catalanes por el voto electrónico (Junts per Cat, ERC, Unidos Podem) y el compromiso con el aumento en la proporcionalidad de los votos por parte de los partidos políticos de más reciente creación (Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox). En el campo de la participación, destaca la propuesta del PSOE y de Unidas Podemos de eliminar la condición de reciprocidad del voto para las personas migrantes en las elecciones municipales, lo cual supondría un avance en los derechos de este colectivo.

Donde sí se encuentran fuertes discrepancias es en torno a los mecanismos de participación de la ciudadanía. Algunos partidos, como Unidas Podemos o Esquerra Republicana, proponen avanzar hacia una democracia deliberativa en la que se faciliten los mecanismos de presentación de Iniciativas Legislativas Populares o la celebración de consultas vinculantes sin que sea necesaria la autorización por parte del Estado. Por otra parte, partidos como el Partido Popular propone reformar el Código Penal para incluir como delito la convocatoria de “referéndum ilegales”, sin proponer ninguna otra forma de llevar a cabo este mecanismo participativo.

Otro de los puntos conflictivos se sitúa en torno al tema de la libertad de expresión, a través de la propuesta de VOX sobre el agravamiento de penas por las ofensas o ultrajes a los símbolos de la nación. Todos los partidos analizados, excepto el Partido Popular, Ciudadanos y VOX, proponen derogar la llamada Ley Mordaza y el establecer una Ley de seguridad ciudadana que garantice la libertad de expresión, de reunión y de asociación pacífica.

Respecto a las propuestas relacionadas con el nuevo ecosistema digital, parece que la apuesta por el avance en Gobierno Abierto y en la digitalización de las administraciones es mayoritaria, al igual que por desarrollar estrategias de ciberseguridad y para la reducción de la brecha digital.

El avance sobre los mecanismos de participación o sobre cuestiones relacionadas con la libertad de expresión va a depender de las aritméticas parlamentarias y de la capacidad de los partidos para alcanzar pactos.

En conclusión, del análisis de las propuestas electorales de los principales partidos políticos de ámbito estatal, podemos predecir que ésta será una legislatura con avances en materia de transparencia y de lucha contra la corrupción, además de con reformas en la legislación electoral. Por el contrario, el avance sobre los mecanismos de participación o sobre cuestiones relacionadas con la libertad de expresión va a depender de las aritméticas parlamentarias y de la capacidad de los partidos para alcanzar pactos.

Coherencia entre programas electorales

En este apartado, se pretende ofrecer un análisis de la coherencia interna de los partidos entre sus propuestas de cada uno de los tres niveles administrativos: europeo, estatal y autonómico. Como conclusión general, los cinco partidos políticos con representación estatal analizados mantienen un alto grado de coherencia con los temas que priorizan y en la línea en la que lo hacen.

En el caso de Ciudadanos, destaca su compromiso con los mecanismos de transparencia y de lucha contra la corrupción, tanto a nivel europeo como estatal y autonómico, apostando por la creación de portales de transparencia a varios niveles. Sin embargo, es llamativa la ausencia en sus programas autonómicos de propuestas sobre la creación de un registro de grupos de interés y sobre la publicación de las agendas de los cargos públicos. Por otra parte, hay una clara falta de apuesta por los mecanismos de participación política de la ciudadanía, más allá de la eliminación del voto rogado, excepto en su programa autonómico de Cataluña en el que sí se proponen ciertos canales de participación para la ciudadanía.

En el caso del Partido Popular, parece estar más comprometido con los avances democráticos a nivel autonómico que a nivel estatal o europeo. Además, llama la atención su falta de compromiso en materia del derecho al acceso a la información y los mecanismos de participación ciudadana en sus programas europeos y estatales, mientras que sí se comprometen con ello en sus programas autonómicos. Destaca su absoluta falta de compromiso con temas relacionados con la ampliación de derechos fundamentales y libertad de expresión, sin abordar la posible modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana tanto en el ámbito europeo como estatal y autonómico.

Más allá de las propuestas para el establecimiento de un canal de denuncias de casos de corrupción y de resaltar la importancia de la separación de poderes, Vox no menciona ningún tema relacionado con la calidad democrática en ninguno de sus seis programas analizados. En contraposición, todos sus programas contienen medidas que suponen un claro retroceso del espacio cívico, como la penalización de actos relacionados con la libertad de expresión.

El PSOE muestra cierta incoherencia en su nivel de apuesta y ambición respecto al avance en el fortalecimiento de la democracia. La presencia de propuestas en este sentido es prácticamente inexistente a nivel europeo pero, sin embargo, presenta unas propuestas mucho más ambiciosas a nivel estatal y autonómico. En estos programas sí encontramos propuestas en materia de participación ciudadana electoral, como la eliminación del voto rogado o la eliminación del principio de reciprocidad que facilite el voto a la población extranjera. Sin embargo, sólo a nivel autonómico se encuentran propuestas que refuercen la democracia participativa, aunque sin hacer mención a la reforma del sistema electoral. Resulta sorprendente la falta de mención y reconocimiento al derecho de acceso a la información en ninguno de los tres niveles administrativos. Otro de los aspectos que llama la atención por su incoherencia tiene relación con la lucha contra la corrupción, puesto que sólo hay propuestas relativas a este tema, como la elaboración de un registro de los grupos de interés y la regulación de su actividad, a nivel de propuestas autonómicas pero no existe ninguna mención en sus compromisos para Europa o a nivel estatal. Respecto a la lucha contra la desinformación, resulta sorprendente que, dada la importancia y la gravedad de sus consecuencias en la convivencia social y en el clima democrático, únicamente apuesten por una estrategia para luchar contra la desinformación a nivel europeo, olvidando la problemática a nivel estatal español.

En general, Unidas Podemos mantiene un alto nivel de coherencia entre las propuestas de sus programas europeos, estatal y autonómicos. Como característica principal, destaca su apuesta en los tres niveles administrativos por fortalecer los mecanismos de participación política de la ciudadanía y la soberanía popular. Así, es el único de los cinco partidos analizados que apuesta en los tres niveles por fortalecer y facilitar los mecanismos para la presentación de ILP y la convocatoria de referéndums. Por el contrario, en ningún caso queda contemplado el derecho de acceso a la información y sólo recogen la mejora del acceso a la información en sus programas autonómicos. En sus propuestas estatales y autonómicas apuestan por un plan ambicioso de lucha contra la corrupción, por la protección de alertadores (aunque sin establecer una ley concreta que recoja esta protección) y por la regulación de lobbies (aunque no menciona en base a qué estándares), pero no hay ninguna mención al respecto en su programa europeo. Otro de los aspectos fundamentales de las propuestas electorales de Unidas Podemos en los tres ámbitos territoriales analizados es su apuesta por la democratización del acceso a las nuevas tecnologías y la adaptación de la legislación al nuevo sistema digital. A nivel europeo y estatal, Unidas Podemos pone el foco en una gobernanza democrática y abierta que defienda la protección de los datos de las personas usuarias frente a la explotación de los mismos por parte de grandes corporaciones.


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Actividad legislativa en torno a estos temas

El Congreso de los Diputados es un foro único e insustituible, icono del sistema democrático y en el que tienen cabida y representación la pluralidad de intereses, prioridades y preocupaciones de la sociedad. Por ello resulta interesante hacer una retrospectiva para analizar qué visiones y propuestas se han planteado a lo largo de las últimas legislaturas sobre los temas que nos ocupan y tratar de detectar si se ha producido alguna variación fundamental en esta tendencia a partir de la entrada de los partidos de ultraderecha en las instituciones democráticas en España.

XII Legislatura (2016-2019): Legislatura pobre en avances

La XII legislatura (del 19 de julio de 2016 hasta el 5 de marzo de 2019) no fue excesivamente significativa en temas relacionados con la calidad democrática. Dicha legislatura se caracteriza por un Congreso de los Diputados muy fragmentado y con la presencia de un Gobierno del Partido Popular sin mayoría absoluta. Uno de los hechos paradigmáticos acontecidos en esta legislatura, y con gran relevancia en lo que a calidad democrática se refiere, son las dos mociones de censuras (la tercera y cuarta en la historia del Estado español) presentadas contra el Presidente del Gobierno. Mariano Rajoy.

En general, se trata de una legislatura en la que los avances relacionados con la calidad democrática quedaron en un segundo plano, tanto a nivel de debate político, como a nivel legislativo y ejecutivo.

Respecto a la actividad legislativa, fue escasa en lo cuantitativo y pobre en cuanto a la ambición y la calidad de los avances propuestos. Si tenemos en cuenta sólo la actividad legislativa, encontramos un total de 30 iniciativas relevantes relacionadas con la calidad democrática y los derechos digitales (y en 43 enmiendas a éstas). Dentro de estas, podemos destacar varias conclusiones:

En primer lugar, la falta de ambición de cuestiones relacionadas con la calidad democrática y los derechos digitales. Respecto a las temáticas más abordadas, la defensa de las libertades civiles, concretamente la libertad de expresión, cobra el mayor protagonismo, centrado fundamentalmente en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y la Proposición de Ley Orgánica de reforma del Código Penal para la protección de la libertad de expresión[13]. Sin embargo, se pone de manifiesto la falta de voluntad política para impulsar estos avances, puesto que todas las iniciativas fueron o bien rechazadas o caducaron. Probablemente, la falta de resultados es también atribuible al abrupto fin de la legislatura.

Otro de los temas con mayor relevancia en la actividad parlamentaria de esta legislatura fueron los avances en torno a la transparencia. En este caso, destaca la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para la creación del Registro de los Grupos de Interés o Lobbies que ha impulsado el Grupo Mixto[14]. Otro de los avances en transparencia, esta vez relacionada con el sector privado, es el Proyecto de Ley por el cual se modifica el Código de Comercio y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad (procedente del Real Decreto-Ley 18/2017, de 24 de noviembre) gracias al que se eleva el nivel de exigencia en cuanto a transparencia y reporting de datos sobre información no financiera de las empresas privadas. Por otra parte, otro de los aspectos positivos respecto a los avances en la legislación del ecosistema digital, es la aprobación de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales que regula temas como la protección de los menores en Internet, el derecho de rectificación y al olvido en búsquedas en la red, el derecho a la actualización de informaciones en medios de comunicación digitales o el derecho al testamento digital[15].

Respecto a las materias analizadas, el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea es el grupo parlamentario más activo. Sus 19 iniciativas legislativas suponen casi el doble que las del siguiente grupo parlamentario y el 26% del total de la actividad legislativa de todos los grupos en estas materias. Entre sus proposiciones más relevantes encontramos la Proposición de Ley Orgánica de reforma del Código Penal para la protección de la libertad de expresión[16], dirigida a contrarrestar el retroceso en el espacio cívico sufrido en el Estado español. Esta iniciativa proponía reforzar la libertad de expresión a través de la derogación de varios artículos del Código Penal como el 525 (delito contra los sentimientos religiosos o de escarnio público); el 490.3 y 491 (delitos contra la Corona); y el 543 (ofensas o ultrajes a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas). Sin embargo, tanto el Grupo Popular como el Grupo Ciudadanos votaron en contra de la toma en consideración de esta iniciativa y finalmente caducó.

El Grupo Confederal de Podemos impulsó varias medidas relevantes como la Proposición no de Ley relativa a eliminación de las Puertas Giratorias.[17], la cual fue rechazada con el voto en contra del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista y el Grupo de Ciudadanos. Otras de sus iniciativas relevantes fueron la Proposición no de Ley relativa a garantizar el derecho de protesta[18], que finalmente caducó.

El resto de partidos, en una proporción mucho menor, también presentaron algunas iniciativas relevantes. En el caso del Grupo Socialista, impulsaron y lograron aprobar algunas iniciativas importantes como la Proposición no de Ley en Comisión relativa al refuerzo de las capacidades dedicadas a la lucha contra las acciones de desinformación [19] y la Proposición no de Ley en Comisión sobre Comisión sobre protección de los derechos digitales de la ciudadanía[20]. Otra de las iniciativas del Grupo Socialista es la Proposición no de Ley ante el Pleno sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe del Grupo del Consejo de Europa de Estados contra la Corrupción (GRECO)[21] que a pesar de haberse presentado ante el Pleno en 2016, finalmente caducó.

Más allá de ser una legislatura breve, se aprecia la dificultad existente para llegar a consensos y establecer un diálogo político constructivo y fructífero en temas de tal relevancia como la transparencia o la corrupción. Prueba de ello es que de las 30 iniciativas legislativas relevantes para estas materias sólo se aprobaron 2 (el 7%).

XIII Legislatura (2019-2019): La travesía del desierto

La XIII Legislatura, con el Gobierno de Pedro Sánchez en funciones tras la moción de censura a Mariano Rajoy, ha sido la de más corta duración de la historia de la democracia española y produjo muy escasa actividad parlamentaria en prácticamente todos los ámbitos, incluidos la calidad democrática y los derechos digitales. Respecto a la actividad parlamentaria, hay un total de 70 actos parlamentarios relacionados con infraestructuras digitales, seguridad ciudadana, corrupción, alertadores y memoria histórica, pero cerca de la mitad de ellos son preguntas parlamentarias, lo cual es indicativo de la escasa trascendencia política de la actividad parlamentaria durante dicho periodo.

El grupo parlamentario más activo en los temas relacionados con la calidad democrática en esta breve legislatura es el Grupo Popular, que protagonizó casi el 30% de la actividad parlamentaria, fundamentalmente a través de su actividad de control al Gobierno.

Respecto a la actividad legislativa, hubo 14 Proposiciones de Ley relacionadas con las libertades y derechos civiles, la corrupción, la transparencia y la seguridad. De entre ellas, lo más destacable son las dos Proposiciones de Ley de protección a denunciantes de corrupción (según la nomenclatura empleada por Vox) o alertadores (bajo la denominación del Grupo Mixto). El Grupo Mixto presentó una iniciativa redactada por Xnet, la organización ciudadana que trabaja por la renovación democrática, como propuesta de transposición de la Directiva europea aprobada en el Parlamento Europeo en abril de 2019. Esta propuesta está validada por organizaciones de reconocido prestigio, como Whistleblowers International Network (WIN) o el European Center for Whistleblower Rights. Finalmente, ninguna de las dos Proposiciones llegaron a debatirse por la nueva disolución de la Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones.

Aparte de estas dos Proposiciones de Ley, se presentaron otras iniciativas legislativas interesantes en materia de calidad democrática, como la Proposición de Ley Orgánica de prevención de los intereses privados en el sector público, de protección del Estado frente a la corrupción y contra las puertas giratorias del Grupo Confederal Unidas Podemos que proponía incluir penas de cárcel para los casos más graves. Sin embargo, dada la gran fragmentación de la Cámara y la brevedad de la legislatura, toda la actividad legislativa quedó caducada con la disolución de las Cortes y no se llegó aprobar ninguna ley relevante en este ámbito.

Pincipales conclusiones

En términos cuantitativos, el mundo nunca ha sido tan democrático como a día de hoy. A pesar de ello, hay evidencias de una profunda erosión en el funcionamiento y calidad de las democracias en el mundo, incluidas las más consolidadas. Esta erosión está marcada por el desencanto de la ciudadanía, por el debilitamiento en la separación de poderes, en el control sobre las instituciones gubernamentales y en la rendición de cuentas y por el retroceso en las libertades civiles. Todo este cocktail de circunstancias se combina con el auge de los discursos políticos populistas en un círculo vicioso que aumenta el riesgo de que la debilitación de las democracias continúe y de que los retrocesos se extiendan a países con las democracias más consolidadas.

A pesar de este retroceso democrático global, los principales indicadores internacionales muestran que en términos generales la calidad democrática en España sigue manteniéndose con cierta estabilidad respecto a sus cualidades fundamentales. Dentro de las categorías analizadas, hay cierta disparidad en el comportamiento, con cuestiones que parecen estar evolucionando positivamente, como la lucha contra la corrupción, frente a otras, como el espacio cívico en claro retroceso, por el deterioro en derechos y libertades fundamentales como la libertad de expresión o de asociación.

En relación con las propuestas electorales de los partidos, cabe destacar que en muchos de los ámbitos analizados éstas presentan un nivel elevado de ambición en cuanto al fortalecimiento de la calidad democrática. Esta ambición es menor en los programas para las elecciones europeas, especialmente en los partidos de centro y de derecha. En el caso de las elecciones generales, la ambición no sólo es mayor, sino que se observa cierto consenso o alineación de muchos partidos en torno a cuestiones esenciales como la transparencia, la lucha contra la corrupción, la reforma en la legislación electoral, el gobierno abierto, la ciberseguridad o la reducción de la brecha digital. Por el contrario, el consenso en cuestiones como los mecanismos de participación o la libertad de expresión es mucho menor y los avances van a depender de las aritméticas parlamentarias y de la capacidad de los partidos para alcanzar pactos. En términos de la coherencia interna de los partidos entre sus propuestas en cada uno de los tres niveles administrativos analizados (europeo, estatal y autonómico), cabe destacar que los cinco partidos políticos analizados mantienen un alto grado de coherencia con los temas que priorizan y en la línea en la que lo hacen.

Lamentablemente, ni el adverso contexto internacional descrito ni la ambición de las propuestas electorales se han visto en absoluto reflejadas en la actividad de los partidos políticos ni en la consecución de avances políticos relevantes en estas materias en las dos últimas legislaturas en España.

Ni el adverso contexto internacional descrito ni la ambición de las propuestas electorales se han visto en absoluto reflejadas en la actividad de los partidos políticos ni en la consecución de avances políticos relevantes en estas materias en las dos últimas legislaturas en España.

Uno de los aspectos que resulta más preocupante es que ante las amenazas y retrocesos globales en torno a la libertad de expresión, en España no haya habido consenso entre los grupos parlamentarios para reforzar este derecho, a pesar de su blindaje constitucional. De hecho, en lugar de ser uno de los grandes consensos entre diferentes grupos políticos, es uno de los que más controversia supone entre partidos como el Partido Popular, impulsor de la Ley Mordaza, y otros, como Unidas Podemos o el Partido Nacionalista Vasco, que abogan por medidas para reforzar la libertad de expresión. Además, el posicionamiento de Vox, que supone un claro retroceso respecto a la libertad de expresión, puede acabar marcando el tono del debate público, y convertirse en una clara amenaza para el avance en esta cuestión.

Otra de las conclusiones relevantes de este análisis es que los partidos políticos sí parecen haber incorporado en sus posicionamientos las amenazas y las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Sin embargo, en esta cuestión también hay divergencia entre partidos. Así, los más tradicionales siguen sin incluir las perspectiva de los derechos y deberes digitales ni abordan cuestiones clave como la soberanía tecnológica o la privacidad en Internet.

En relación a la transparencia y a la lucha contra la corrupción, siendo dos de los aspectos que más preocupan a la ciudadanía española, parece existir cierta disputa por el liderazgo y la iniciativa política entre distintos partidos. Ese es el caso de la transposición de la Directiva Europea de protección de alertadores (con las iniciativas de Ciudadanos, de Vox y la conjunta de Más País, ERC, BNG y Compromís) y de las distintas propuestas para el registro de los grupos de interés (principalmente de Ciudadanos y del Grupo Mixto).


Referencias
  1. BEETHAM, D., CARVALHO, E., WEIR, S. Evaluar la calidad de la democracia, 2009.
  2. SHAHBAZ, A. y FUNK, A. The Crisis of Social Media, Freedom on the Net 2019, 2019.
  3. INSTITUTO INTERNACIONAL PARA LA DEMOCRACIA Y LA ASISTENCIA ELECTORAL. El estado de la democracia en el mundo y en las Américas 2019: Confrontar los Desafíos, Revivir la Promesa, International IDEA, 2019.
  4. THE ECONOMIST. EIU Democracy Index 2018 - World Democracy Report, 2019.
  5. LÜHRMANN, A., Y LINDBERG, S. A third wave of autocratization is here: what is new about it?, 2019.
  6. LÜHRMANN, A., GASTALDI, L., GRAHN, S., LINDBERG, S.I., MAXWELL, L., MECHKOVA, V., Morgan, R., STEPANOVA, N., SHREEYA, P. Democracy Facing Global Challenges: V-Dem Annual Democracy Report 2019 - V-Dem Institute, 2019.
  7. Ídem Ref. Nro. 4.
  8. Ídem Ref. Nro 3.
  9. FREEDOM HOUSE. Freedom in the World 2020, 2020
  10. CIS (CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS). Barómetro de noviembre 2019: Avance de Resultados. Estudio nº 3267, 2019.
  11. CIVICUS. Spain - CIVICUS Monitor, 2019.
  12. TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Corruption Perceptions Index 2019, 2019.
  13. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE ESPAÑA. Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para la protección de la libertad de expresión. , 2018.
  14. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. Documento BOE-A-2018-16673, 2018.
  15. Ídem Ref. Nro. 14
  16. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para la protección de la libertad de expresión (Ref. 122/000211), 2018.
  17. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Proposición no de Ley relativa a eliminación de las Puertas Giratorias. (162/000127), 2016.
  18. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE ESPAÑA. Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para la protección de la libertad de expresión (Ref. 122/000211), 2018
  19. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE ESPAÑA. Proposición no de Ley relativa al refuerzo de las capacidades dedicadas a la lucha contra las acciones de desinformación (Ref. 161/002652), 2017.
  20. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE ESPAÑA. Proposición no de Ley sobre protección de los derechos digitales de la ciudadanía (Ref. 161/001720), 2017.
  21. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE ESPAÑA. Boletín Oficial de las Cortes Generales 20 diciembre 2016, 2016.

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